CCOO hemos decidido acudir al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) ante el cambio de criterio aplicado por CaixaBank en las ayudas de estudios de idiomas.

Durante aproximadamente 18 años, la Entidad ha venido concediendo estas ayudas para idiomas distintos de las lenguas oficiales, inglés, francés y alemán (como por ejemplo italiano) siempre que existiese una motivación razonada, sin exigir una relación directa con el puesto de trabajo desempeñado en ese momento.

Sin embargo, CaixaBank ha comenzado a denegar solicitudes que incluso habían sido aprobadas en años anteriores a las mismas personas trabajadoras, imponiendo ahora un criterio mucho más restrictivo y no previsto en el acuerdo vigente.

Tal y como recoge expresamente el propio acuerdo firmado en 2008:

“En el caso de estudios de idiomas distintos a las lenguas oficiales del territorio español, inglés, francés y alemán, y siempre que no tenga justificación en el desarrollo del puesto de trabajo, se requerirá su motivación.”

Es decir, el acuerdo habla de “motivación”, pero en ningún momento exige que dicha motivación tenga que estar “objetivamente vinculada” al puesto, a procesos de movilidad o a una trayectoria profesional concreta, tal y como ahora pretende interpretar unilateralmente la empresa.

Desde CCOO consideramos especialmente grave que:

• La empresa cambie ahora un criterio que llevaba años aplicándose
• Se restrinja un derecho previamente reconocido
• Y se haga sin negociación con la representación legal de las personas trabajadoras.

Tras varias denegaciones detectadas y después de reclamar internamente a la empresa la reconsideración de distintos casos, CaixaBank confirmó formalmente su nueva interpretación, vinculando las ayudas exclusivamente a intereses profesionales acreditables.

CCOO discrepamos frontalmente de esta posición porque supone una reinterpretación sobrevenida, restrictiva y no negociada del acuerdo existente.

Por ello, hoy presentamos solicitud de mediación ante el SIMA con el objetivo de defender el mantenimiento del criterio aplicado históricamente y evitar que la empresa limite unilateralmente derechos consolidados de la plantilla.